Según el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), las partes pueden pactar que los gastos de Comunidad los asuma el inquilino, pero debe constar por escrito en el contrato. En ausencia de pacto, los gastos generales del inmueble, incluidos los de Comunidad, corresponden al propietario. La Ley 12/2023 refuerza la necesidad de transparencia en los contratos, por lo que es esencial que estos costes estén claramente detallados para que puedan repercutirse al arrendatario de forma válida.
